un poco de historia
por Oscar Thomas y Daniel Llano
Definir una propuesta hacia adelante sobre la provincia de Misiones no surge sólo como una síntesis de la tarea realizada por una administración de gobierno. Tampoco es un esquema de desarrollo estratégico entendido como compendio de medidas técnicas y políticas de largo plazo. Además de todo eso, es un trabajo de reflexión y profundización sobre el rumbo que se aplicó en la administración del Estado de la provincia de Misiones desde el inicio de una gestión en el año 2000 como política de Estado, que incluso debió atravesar terribles circunstancias socio económicas a causa del fracaso de un gobierno nacional y de la subsecuente devaluación y default que castigaron a nuestro país.
Es necesario hacer referencia a los escenarios y desafíos que planteó la crisis estructural más profunda de la historia argentina. Un nuevo orden económico surgió de las políticas de reparación de un país en crisis terminal, en medio de una conmoción interna que pocos asumieron en su verdadera magnitud. Era una hora de aporte para dar sustento a la transición y garantizar la gobernabilidad. Era necesario regenerar la credibilidad, para poder crear los recursos que permitieran honrar compromisos, pero también -y muy especialmente- atender las necesidades del pueblo más necesitado, buscando antes que la rentabilidad política y económica la rentabilidad social.
La falta de recursos necesarios impulsaba la protesta de empleados públicos, de sectores de la producción (como en el caso hierbatero), y especialmente de los sectores sociales más vulnerables, a lo que se sumaba la extrema dependencia de los recursos aportados por la Nación. A pesar de esa verdadera debacle. el Gobierno de Misiones continuó firme en su rumbo de no endeudarse y no generar déficit. Si bien los ingresos totales disponibles fueron disminuyendo debido a las menores cantidades transferidas por la Nación, se recompuso progresivamente la caja provincial mediante recaudación propia, y se instrumentaron acciones para recuperar los tributos adeudados.
Con la consigna de “no gastar más de lo que se dispone”, se accionó con austeridad en el gasto y no se hizo uso del crédito para financiar las actividades del Estado en ningún orden. El endeudamiento existente se redujo a valores absolutos en más de 136 millones de pesos, lográndose para el 2002 una mayor disminución, a pesar de que la falta de caja había hecho que la deuda de 1.150 millones de dólares a diciembre de 1999 se incrementara debido a las necesarias refinanciaciones. A eso se sumó la pesificación, que junto a esas refinanciaciones, y a pesar de que no se tomaron nuevos préstamos, multiplicó por tres la cifra, ahora en pesos. Así también se redujeron los gastos totales en personal, consumos y servicios en 10 millones en el 2000, y en 21 millones más en el 2001, logrando una mayor reducción aún para el 2002, en medio de la crisis.
Dentro de otras medidas económicas implementadas, el Acuerdo Fiscal suscripto entre la provincia y la Nación permitió -ya en el segundo semestre del 2002- alcanzar una deuda saneada, antes en dólares y ahora convertida a pesos. Antes con una tasa por la que se llegó a pagar más de un 40% de interés, lo cual resultaba usurario, y desde entonces con un 4% con plazo de dieciséis años y tres de gracia. Asimismo, se incorporó un tope máximo de descuento a la coparticipación en concepto de servicios de la deuda, debiendo garantizarse que los servicios reprogramados no superasen el 15% de afectación a los recursos por coparticipación.
Esa disciplina fiscal y su proyección en el corto plazo hacia el equilibrio -esto es, déficit cero-, permitió desde entones a la provincia enfrentar un plan de crecimiento sostenido, a partir de que los recursos generados localmente y su plusvalía se volcaban vía recaudaciones al crecimiento y desarrollo con justicia y equidad.
Este reordenamiento tributario constituye un cambio estructural para el financiamiento del Estado, encaminado hacia la normalidad y la disciplina fiscal al mismo tiempo que se readecuaba la base tributaria y mejoraba la capacidad de recaudar, como forma de potenciar la competitividad empresarial.
Paralelamente, se mantuvieron beneficios mientras se repartían equilibradamente las cargas. Se mantuvo la alícuota cero al sector primario, apostando fuertemente a la producción, y se propició a través de una rebaja en los ingresos brutos el mejoramiento de la rentabilidad de algunos servicios, del comercio y del turismo. La actividad industrial debió colaborar con el aporte de sus segmentos más dinámicos. Los mayores recursos obtenidos fueron destinados a la salud pública, a la previsión social y al fomento de actividades productivas.
En el terreno del mejoramiento de la capacidad recaudatoria se incorporaron herramientas eficientes y transparentes de apoyo operativo privado a la gestión de cobranzas, que permitieran rescatar registros de deudas por más de 100 millones de pesos, sin transferir activos ni patrimonio, y sin delegar ninguna potestad del Estado. El buen resultado de esta iniciativa trajo justicia hacia todos los que silenciosa y responsablemente habían cumplido con sus obligaciones, pagando sus impuestos.
En este marco de readecuación estratégica en búsqueda de la autonomía real de la provincia, proponiendo al conjunto de la Nación un federalismo activo y responsable a partir de mecanismos sustentables, la cuestión social fue siempre una prioridad. En esta nueva economía, lo social se transformó en el foco principal de atención para el gobierno como permanente ejercicio de reflexión y acción consecuente, mediante una tecnología de gestión singular en el país, que se vertebró a través de una altísima participación de los gobiernos locales, de las organizaciones religiosas y el papel protagónico de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones del trabajo, decidiendo directamente la asignación de recursos y los criterios de distribución.
Bajo esta nueva concepción, se apuntó además a que ningún beneficio se otorgara como un bien libre, sino como un derecho que inscribe -en la misma proporción- una responsabilidad. Para que tenga sostenimiento social esta política y no resulte coyuntural, debía implicar una contrapartida del ciudadano.
Siempre se trabajó en el largo plazo, pensando mucho más allá del término de una administración. Sólo con medidas estratégicas se pudo consolidar una propuesta de largo plazo que se ha sostenido a pesar de los avatares económicos y políticos, y que incluso salió fortalecida de la crisis de fines del 2002..
Ya en su discurso de asunción a fines de 1999, el gobernador Rovira instaló en el debate social y político de la provincia la necesidad de “pensar y actuar estratégicamente”, e incluyó en esa reflexión y realización a toda la sociedad. Al gobierno que asumía le interesaba “la participación concreta en los ámbitos de las decisiones administrativas, pues es allí donde se resuelven los problemas cotidianos de las personas. Se configura así una comunidad articulada y organizada, sostenida por el hombre-persona (unidad de la familia) cuya dimensiones están activadas y desarrolladas en la democracia participativa, que es el alma de la sociedad y de su evolución continua y constante”.
Pero esa convocatoria a la participación concreta precisaba ser realizada en un marco donde la misma provincia recuperara su capacidad de autonomía e independencia. El federalismo fue definido desde el inicio de la gestión como “un principio llamado a llenar nuevamente, en el próximo milenio, el vacío entre sociedad y Estado” (Gob. Carlos Rovira, discurso de asunción, diciembre de 1999).
Desde esa fecha, la orientación participativa, federalista y con visión de largo plazo adoptada fue la herramienta para redefinir una provincia que resalta en el concierto de sus hermanas dentro del país, por haber sido la que menor conflictividad social mostró, a la vez que puede mostrar logros inigualados en lo que hace a ordenamiento administrativo y crecimiento económico al superar por tres años consecutivos la media nacional. Sin la participación social, sin una posición de autonomía y sin una visión estratégica, esto no hubiera sido posible.
Por eso hace falta hacer un poco de historia, porque si no sabemos de dónde venimos, mal podemos saber hacia dónde vamos. Conducir los destinos de Misiones -en medio de la crisis más pronunciada y grave de la institucionalidad nacional- no fue simplemente una respuesta coyuntural a los hechos, sino una definición de largo plazo más allá de la coyuntura y que además se había comenzado a encarar antes mismo de la emergencia. La reforma impositiva, la reducción del déficit y el no endeudamiento, además de la política de reducción progresiva de las cargas por deudas, consolidando un criterio integral de “vivir con lo propio”, fueron anteriores al colapso institucional y económico de la Argentina. También lo fueron la adopción y la instrumentación de los lineamientos estratégicos en turismo, forestoindustria, energía y logística, así como el reordenamiento productivo de Misiones (ver Plan Estratégico de la Provincia de Misiones, julio del 2000, Subsecretaría de Planificación y Gestión Estratégica).
Fue así que se establecieron herramientas de excelencia para operar en las áreas de mayor perspectiva de crecimiento y distribución del ingreso, como el turismo y la forestoindustria. Porque no sólo había que definir cuáles son las mejores actividades productivas para el crecimiento con justicia y equidad, sino que además había que generar los recursos para poder llevar adelante esas políticas. Esos planes y esas herramientas, que algunos sectores entendieron como coyunturales, están demostrando hoy que son operativas y se mantendrán en el tiempo, porque configuran políticas de Estado, y que continuarán más allá de los periódicos cambios de administración por la simple razón de que han sido asumidas como propias por la gran mayoría de nuestros ciudadanos.
Se ha alcanzado el equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace. Este equilibrio entre el discurso y las cifras es la nueva impronta administrativa de Misiones, y quien pretenda de ahora en más guiar el rumbo adoptado mayoritariamente, deberá antes dar respuesta a la continuidad de la coherencia y la seriedad en el manejo de la cosa pública. Desde ahora, nadie podrá hacer ya promesas vacías de contenido, porque el pueblo de Misiones demanda definir con cifras, datos y referencias técnicas la manera en que esos planes y actuaciones se llevarán a cabo en tiempo real, permitiendo además la directa participación sectorial y ciudadana, no en el discurso vacío sino en los hechos.